La casa limpia

Barrer las escaleras de arriba hacia abajo, la metáfora de los esfuerzos anticorrupción del sexenio del presidente López Obrador, pone de manifiesto una característica primordial en esta labor: se trata de una tarea constante, tal como la limpieza de una casa. Llevando más allá esta analogía, una casa limpia no se logra solamente barriendo las escaleras, se limpian los muebles; se lavan los pisos, baños y trastes; se lustran las ventanas; se saca la basura.

El arreglo institucional mexicano vigente tiene claro que la limpieza de la casa no se puede completar solo con la escoba, se requiere un reparto de tareas para lograr el objetivo común. Así, el artículo 113 constitucional estableció el sistema nacional anticorrupción (SNA), definido por el mismo como la “instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

El SNA no es una entidad extra, sino el espacio para que los órganos existentes se comuniquen y trabajen de manera conjunta. Es coordinado por un Comité conformado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana. Este arreglo se replica en las entidades federativas a través de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).

Tenemos un SNA, relativamente nuevo y con diferentes grados de desarrollo en las entidades federativas y municipios, pero ¿qué ha pasado con la corrupción en los últimos años? La respuesta es compleja, conocer con exactitud la magnitud de la corrupción en un momento dado resulta una tarea imposible: el fenómeno busca esconderse por su naturaleza, pero además se requiere de capacidades institucionales altamente desarrolladas y una buena cantidad de recursos, invertir en las tareas del Estado. Las mediciones con que contamos sobre la corrupción son aproximaciones, pero igualmente nos dan una idea de lo que sucede.

Hay señales buenas, pero modestas, en la percepción del control de la corrupción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la percepción sobre la frecuencia de la corrupción tuvo mejoras en 28 entidades federativas entre 2019 y 2023, al disminuir, en promedio, 4.58 puntos porcentuales la población que la consideraba “muy frecuente” o “frecuente” en su entidad. A pesar de ello, la corrupción ocupa el segundo lugar de los problemas más importantes en 29 entidades, y en las tres restantes (Coahuila, Durango, Nayarit), ocupa el primer puesto.

El discurso de la nueva presidenta de Morena, María Luisa Alcalde, en el marco del VII Congreso Nacional Extraordinario, da muestra del reconocimiento de que se requieren esfuerzos adicionales para avanzar más rápido en la tarea de prevenir la corrupción. A través del “Decálogo para gobiernos estatales y municipales de Morena”, se pretende formar una ética profesional para las autoridades electas emanadas de Morena, enumerando comportamientos republicanos: absoluta transparencia de los recursos públicos, eliminar privilegios de personas funcionarias y contar con mecanismos eficaces para evitar y castigar la corrupción. Este decálogo, sin embargo, no es un instrumento del Estado (generalizado), y por el momento, no queda claro con qué instrumentos contará la militancia para garantizar su cumplimiento.

La Dra. Claudia Sheinbaum anunció en el mismo Congreso Nacional su solicitud de licencia de militancia, porque es deber “gobernar para todas y todos”. Solicitó también, que Morena atienda su responsabilidad social a través de las vías del partido, que Estado hará lo propio desde el gobierno para la transformación del país. Desde ambas vías, los esfuerzos anticorrupción deben reforzarse para tener mejores resultados.

La renovación de los compromisos éticos dentro de Morena es un acto de responsabilidad ante el poder que concentra, sin embargo, establecer consecuencias reales para quien no los acate será fundamental en el proceso, pues todas las autoridades representan los primeros escalones que deben ser ejemplo de pulcritud de acuerdo con el postulado Obradorista, pero la tarea de la primera presidenta de México al respecto será impulsar la efectividad institucional del Sistema Nacional Anticorrupción.

El compromiso 10 de los “100 pasos para la transformación” propuestos por la Dra. Sheinbaum habla de un modelo ejemplar de fiscalización. Este deberá ser capaz de detectar irregularidades y enviar señales de alerta temprana que posibiliten frenar los daños al presupuesto público, y contribuir a la cuantificación y reparación del daño patrimonial, con el enfoque de protección a los derechos de las víctimas. La meta propuesta en los 100 pasos para la transformación es muy ambiciosa, reducir la percepción de corrupción a menos del 15%, conseguirla daría a la administración de Sheinbaum un lugar especial en la historia de México y el Mundo.

    Hagamos lo propio, para tener entre todas y todos, la casa limpia.